Ya tenemos sentencia sobre Muntanyans II, y aun teniendo en cuenta que no es firme ya que puede ser apelada en casación ante el Tribunal supremo, por lo menos tenemos una base para poder opinar sobre el tema.
Lo primero poner en antecedentes a los posibles lectores de este post, ya que es un tema que viene de lejos y para formarse una opinión resulta necesario ser conocedor de todo lo sucedido con anterioridad a esta sentencia.
Se inicia la historia con la aprobación del Plan General de ordenación urbana de Torredembarra, y ello sucede en el lejano año de 1.982 con el gobierno de CIU, este es el momento en que la propiedad adquiere el derecho de construir en esos terrenos, y nadie presenta alegación alguna a la aprobación.
En el año 1.988 se aprueba el Plan Parcial Muntanyans II, con el gobierno del GIT, tampoco se produce alegación alguna a esta aprobación y es más, los terrenos que le corresponden al Ayuntamiento son vendidos.
No son momento de grandes construcciones y el plan parcial duerme el sueño de los justos, nadie quiere construir en una zona alejada del centro de Torredembarra, y se llega al año 2.002 donde se establece un nuevo Plan General de ordenación urbana con su texto refundido, gobierna CIU y tampoco nadie presenta alegaciones a que se construya en la zona.
Ya en el año 2.004 los terrenos son vendidos a una empresa foránea, se presenta un nuevo Plan parcial que es aprobado, gobierna CIU y tampoco se presentan alegaciones contra el mismo.
En el año 2.006 la Generalidad de Cataluña aprueba este último Plan parcial mientras gobierna el PSC que tiene que conceder la licencia de urbanización.
Es en esta última fase cuando se producen los movimientos ecologistas para evitar la construcción en Muntanyans II, incluyendo una querella presentada contra el entonces alcalde D. Manuel Jimenez y el anterior alcalde D. Miguelo Angel Lecha, es interesante leer la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia que en la pagina 6 dice literalmente "Porque, como se ha dicho con profusión el juzgado, si lo que quiere la parte es extender la consideración de humedal que ha emitido la autoridad administrativa, lo que procede es actuar ante esta y, en su caso, frente a esta, pero nunca dirigir una querella contra dos funcionarios municipales que en realidad solo están cumpliendo órdenes de autoridades administrativas superiores (Comisión Provincial de Urbanismo de Tarragona). En realidad, la infracción penal, por prevaricación, les estaría más cercana a aquéllos en el caso de oponerse de cualquier manera a que lo aprobado por dicha comisión pudiera ser una realidad."
Teniendo conocimiento de todo o sucedido, no hace falta ser un lumbrera para darse cuenta de que toda la responsabilidad esta en manos de la Generalidad de Cataluña, que es a quien le corresponderá, en todo caso, hacerse cargo de la indemnización que se establezca. De momento la Generalidad ya ha manifestado su intensión de presentar recurso de casación.
Se llama la Pelos, es un galgo de pelo largo de color blanco y gris, que se encuentra en la perrera de Malaga pendiente de que en caso de no ser adoptado brevemente, se le sacrifique.
